Medios y desregulación

Cuando se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) se pensó en dejar atrás el modelo mercantilista de las posiciones dominantes, hegemónicas, monopólicas y oligopólicas, y comenzar a transitar un paradigma que se sostenga en los derechos humanos. Lejos del objetivo descolonizador del territorio mediático, hoy se vive una marcada inestabilidad en materia de regulación en el marco de un contexto internacional en el que se combinan la crisis de los medios tradicionales y la irrupción de las nuevas plataformas. La comunicación como derecho se debate a la sombra de un modelo que no pudo consolidarse.

Así como se lo planteó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la disputa también es por el territorio simbólico para poder compartir la propia “cosmovisión del mundo”. El objetivo es dar visibilidad a diferentes culturas. Disputar la agenda pública. Sus rutinas y sentido común. Porque la comunicación agrupa varios derechos: el acceso a la cultura, la libre expresión, la privacidad y la intimidad. Pero, principalmente, el derecho a la comunicación es un derecho humano. Según interpreta el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Diego de Charras, se encuentra en un periodo “de regresividad” en Argentina. “Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri empezó a haber medidas contrarias a una política inclusiva y decisiones a la medida de las grandes empresas: esto empezó a tener consecuencias graves”, puntualiza.

Cuando los medios que surgieron como representantes del modelo comunicacional que nació de la mano de la Ley comenzaban a poner en discusión los procesos de producción discursiva “pasaron cosas”, llegó Cambiemos con “modificaciones quirúrgicas” de la LSCA y de la Ley Argentina Digital. La modificación por decreto de los ejes regulatorios de estas leyes generó “una situación grave donde se cruzan aspectos globales de crisis en el modelo de negocio de los medios con decisiones gubernamentales de regresividad en Argentina respecto a la política estatal de regulación de la comunicación”, ratifica.

Para el investigador especializado en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina, Martín Becerra, algunos de los derechos están en riesgo. “La indolencia del Estado pone todos los cañones apuntando a fortalecer a un solo grupo y todas las baterías a su disposición para diezmar la capacidad de sostenimiento económica del resto de las empresas periodísticas, excepto algunas muy grandes aliadas al propio gobierno”, rescata.

Llueve sobre mojado

La sustentabilidad de los medios de comunicación se debatió históricamente entre lo comercial y lo público, pero con el tiempo se impuso una lógica que permitió la conformación de monopolios y concentraciones mediáticas para las cuales la información es una mercancía.

Este debate para encontrar una salida más efectiva y democrática a la financiación de los medios es fundamental si consideramos a la comunicación como un diálogo que está en la base de conformación de una comunidad. La Ley se propuso eso. Posibilitar la circulación de la palabra y la diversidad cultural históricamente negada. Fue producto de una construcción colectiva en la que participaron diferentes organizaciones, muchas de las cuales se encuentran en la actualidad ante el dilema de cómo financiar sus proyectos.

Un principio del debate fue la necesidad de considerar que los medios de comunicación no son fábricas, sino que prestan un servicio utilizando un recurso: el espectro. Entonces, la principal reforma estructural fue pasar de un modelo privatista a considerar la información como derecho, lo cual obliga al Estado a generar estándares mínimos de acceso.

Con la aplicación de la Ley se pretendió la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el país y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo fue ampliar las posibilidades de acceso a las licencias, incluso para el propio Estado que dejó de ser un mero subsidiario.

La ex defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, considera que la situación actual en Argentina se inscribe en “un nuevo paradigma comunicacional mercantilista y darwinista” que viene desarrollando la alianza Cambiemos basada en “una planificación estratégica comunicacional” en la que prima “el sálvese quien pueda y que triunfe el más poderoso”.

El argumento de la comunicadora se sostiene en que, a partir de la derogación de los artículos más importantes de la LSCA, “se produjo una concentración inédita donde ahora sí hay un monopolio” en la fusión de Clarín con Telecom que son los únicos que pueden brindar el servicio de cuádruple play: cable, internet, telefonía fija y telefonía móvil. “En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha declarado que, frente a la existencia de posiciones dominantes, se conspira contra la democracia porque no existe el consorcio de voces múltiples que requiere toda democracia y no se puede ejercer el derecho humano a la comunicación”, afirma. 

Otro aspecto que acentúa es la “persecución ideológica y sindical”, además del cierre de radios, diarios y revistas, la precarización en distintos medios, el vaciamiento de los medios públicos y el cierre de agencias de Télam. “Se gubernamentalizaron los organismos de control, hoy el Ente Nacional de Comunicaciones tiene un consorcio de directores y directoras que son nombrados y echados por el presidente: eso es gravísimo porque termina definiendo quiénes pueden comunicar y quiénes no”, profundiza.

Ottaviano describe el escenario argentino y lamenta el “silencio escandaloso de la comunicación concentrada” ante una “planificación estratégica de miseria comunicacional para las mayorías y un empoderamiento y privilegios para una elite histórica en Argentina: hablamos de una grave coyuntura que debilita el estado de derecho y no ocupa el lugar que debería en los medios de comunicación”.

Desafíos

El espíritu de la LSCA está en una temible encrucijada. Hay menos voces, oídos, ojos, manos y brazos para legitimarse y consolidarse en la disputa del territorio mediático que es, también, la lucha por la construcción de sentidos. Ante este panorama, diferentes organizaciones están llamadas a involucrarse, principalmente las universidades. “La Universidad está destinada a jugar un papel cardinal en la comunicación –alega de Charras-, porque aparece como una instancia posible de producción de información de calidad, como un ancla de confianza para las audiencias. Tiene un destino que puede ser señero”.

Ottaviano recuerda que desde la Defensoría llevaron adelante un proceso de “construcción colectiva” de nuevas prácticas y saberes ante currículas académicas donde “el derecho humano a la comunicación no estaba presente”. A partir de allí proponen pensar de qué manera reconocer los derechos de las audiencias, cómo generar un comunicación inclusiva y aprender a dialogar con un lenguaje que no sea sexista.”

“El desafío es dar batalla para pensar cuáles son las necesidades del pueblo en el que vivo, cuáles son las fuentes de información silenciadas y cuál debería ser la noticia de un noticiero. El desafío sigue siendo sacudir las subjetividades colonizadas y patriarcales que tenemos y comenzar a pensar en una comunicación que sea inclusiva, un escenario en el que todos seamos reconocidos como personas con derechos. Eso va a contribuir a una profundización de la democracia”, reflexiona.

Notas al pie

[1] Entrevistas realizadas en el XX Congreso RedCom. Universidad Nacional de Villa María. Octubre de 2018.

En esta nota

Diego de Charras es director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2012 y 2014 fue director del área de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Dirigió equipos de investigación sobre temáticas relacionadas al derecho a la comunicación y a la economía de la información, en el análisis de marcos regulatorios regionales y de la concentración en sistemas de medios nacionales e internacionales.

Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también se recibió de magíster en Ciencias de la Comunicación. Se desempeña como investigador independiente en el Conicet y profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes  y en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Cynthia Ottaviano es periodista, docente y escritora. Fue la primera defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, nombrada por el Congreso de la Nación Argentina, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y personalidades del ámbito de los derechos humanos, la academia, la cultura y la representación sindical.